Poco probable ambiente para interpelar a Francisco Domenech tras controversia por destaques
La cancelación de los destaques de tres empleados asignados a la oficina del senador novoprogresista Juan Oscar Morales, incluida su esposa, generó señalamientos de represalias contra la administración de la gobernadora Jenniffer González, luego del veto al Proyecto del Senado 752 sobre las escoltas a exgobernadores.
En medio de la polémica, la senadora Ada Álvarez Conde, al ser cuestionada sobre la posibilidad de una interpelación legislativa, Álvarez Conde sostuvo que no había escuchado conversaciones formales en ese sentido y que, a su juicio, Domenech actuó dentro del marco de sus facultades administrativas.
“No he escuchado nada, pero genuinamente no creo, porque tiene el poder de hacerlo. La orden administrativa uno fue para darle ese poder, así que no está violentando su poder, está ejerciéndolo, aunque sea ‘injusto’ o se vea como ‘represalia’”, expresó la senadora.
La controversia surgió luego de que el senador Juan Oscar Morales denunciara públicamente que la administración de la gobernadora Jenniffer González ordenó no renovar los destaques de dos empleados asignados a su oficina legislativa, así como el de su esposa, quien laboraba en la Superintendencia del Capitolio. Según Morales, los empleados recibieron cartas directas en las que se les indicó que debían regresar de inmediato a sus agencias de origen, sin que mediara una comunicación previa con su oficina.
Morales vinculó la determinación con el veto de la gobernadora al Proyecto del Senado 752, de su autoría, que buscaba eliminar el privilegio de escoltas a los exgobernadores. El legislador aseguró que la acción constituyó una represalia directa por haber cumplido con su deber legislativo.
“Yo no sé si la administración toma represalias. Yo te puedo decir que conmigo tomaron represalias. Yo estoy claro en eso”, manifestó. Añadió que la decisión se tomó “por una sola cosa, por haber cumplido con mi trabajo y con mi deber ministerial”.
El senador también reaccionó al argumento de la gobernadora sobre las razones del veto. González explicó que vetó la medida por entender que podía ser declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y por su preocupación de que dejara sin escoltas a ciertos jefes de agencia. Morales rechazó esa interpretación y afirmó que el texto del proyecto no contemplaba esa posibilidad.
“En ningún momento en el proyecto original se atendía esa situación y en ningún momento se indicaba que iban a dejar a esos jefes de agencia sin sus escoltas”, sostuvo.
Tras el veto, la gobernadora presentó el Proyecto del Senado 880, una medida de administración que permitiría a los exgobernantes mantener el beneficio de escoltas por un periodo de 12 meses luego de salir de La Fortaleza. Posteriormente, ese privilegio quedaría eliminado. Morales reiteró su postura en contra del beneficio y defendió la aprobación unánime de su proyecto original.
“Ese es un beneficio que ni ella ni nadie debe tenerlo en estos momentos. Esa es nuestra posición, es la posición del pueblo. Ese proyecto 752 se aprobó en ambos cuerpos de manera unánime”, afirmó.
En el plano administrativo, Morales señaló que la cancelación de los destaques ocurrió a pesar de la existencia del Boletín Administrativo OE-2025-008, firmado por Domenech, que extendió de manera automática hasta el 30 de junio de 2026 los destaques y licencias sin sueldo del personal de la Rama Ejecutiva.
Según explicó, tras la emisión de las cartas de cancelación, se publicó un comunicado que indicaba que “todos” los destaques quedaban renovados, lo que provocó confusión sobre el estatus de los empleados.
Ante ese escenario, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, instruyó que los empleados no regresaran a sus agencias de origen hasta que La Fortaleza emitiera una notificación escrita aclarando si el memorando aplicaba o no a esos casos específicos.
“Las cosas en el gobierno se tienen que dar por escrito y formales”, expresó Morales.
La Fortaleza confirmó posteriormente la cancelación de los destaques por “necesidades operacionales”.
En declaraciones escritas, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que “el otorgamiento de destaques constituye una deferencia administrativa que la gobernadora puede conceder, siempre y cuando no comprometa la prestación de servicios ni las operaciones de las agencias del Gobierno de Puerto Rico”.
Añadió que, en el caso de la esposa del senador, se determinó que existía una necesidad apremiante de sus servicios en la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
Morales insistió en que la acción respondió a una represalia política tras la radicación de legislación relacionada con las escoltas.
“Esto es una represalia, obvia represalia, por yo haber sometido un proyecto como el de las escoltas. Lo obvio no se cuestiona”, concluyó el senador.
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