Senado evalúa programa de desvío para casos de explotación financiera contra adultos mayores 

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, que preside el senador Ángel Toledo López, celebró hoy una vista pública para evaluar la creación del Programa de Desvío para la Reeducación en Casos de Explotación Financiera cometidos por familiares de personas de edad avanzada o incapacitados.

El Proyecto del Senado 781, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a petición de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), propone crear esta ley, con el objetivo de fortalecer la protección de este sector vulnerable y promover alternativas de rehabilitación en el proceso penal.

Durante los trabajos, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, licenciada Yolanda Varela Rosa, comenzó defendiendo el PS 781, pues a su entender promueve el bienestar, la protección y los derechos de las personas mayores. “La medida, atiende las circunstancias particulares de los casos de explotación financiera cometidos por familiares del adulto mayor, a la vez que promueve la rehabilitación moral y educación del convicto”, argumentó.

La pieza legislativa establece un mecanismo de desvío condicionado a reeducación para ciertos casos de delito grave de explotación financiera, cuando el ofensor tenga un vínculo familiar con la víctima y cumpla con requisitos específicos establecidos en ley.

No obstante, el desvío solo estará disponible para personas que no cuenten con convicciones previas por delitos de maltrato ni hayan violado órdenes de protección, y que acepten voluntariamente su responsabilidad penal mediante un acuerdo formal entre el Ministerio Público, el acusado y la entidad que ofrecerá los servicios de reeducación. El programa tendrá una duración mínima de un año y máxima de tres años, bajo supervisión judicial, y el tribunal deberá considerar la opinión de la víctima antes de conceder el beneficio e imponer las condiciones que estime necesarias. De incumplirse dichas condiciones, el tribunal podrá revocar el desvío y dictar sentencia.

Por otro lado, de cumplirse satisfactoriamente el programa, el tribunal podrá dejar sin efecto el procedimiento penal, manteniendo el expediente de manera confidencial y sin que se considere una convicción para efectos legales futuros, beneficio que solo podrá concederse en una ocasión.

Durante la vista pública, el Departamento de Justicia respaldó los fines del proyecto, al reconocer que la medida responde al aumento sostenido en los casos de explotación financiera contra personas de edad avanzada o incapacitadas, particularmente cuando los ofensores son familiares cercanos. La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia explicó que el programa de desvío propuesto promueve un balance entre la rehabilitación social y moral del ofensor y la protección de la víctima, mediante procesos de reeducación supervisados judicialmente.

La agencia presentó recomendaciones y observaciones técnicas, entre ellas la necesidad de fortalecer la tipificación y las penalidades del delito de explotación financiera en el Código Penal, así como establecer parámetros claros para la aplicación del programa de desvío. El Departamento de Justicia indicó que, de incorporarse dichas recomendaciones al texto final de la medida, no tendría objeción legal a la continuación del trámite legislativo.

Asimismo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) presentó recomendaciones dirigidas a asegurar una implementación efectiva del programa. Entre estas, destacó la necesidad de desarrollar un programa de reeducación especializado para ofensores convictos por explotación financiera, establecer mecanismos de supervisión y monitoreo comunitario, fortalecer la coordinación interagencial con la OPPEA, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como capacitar al personal correccional en temas relacionados con el envejecimiento, la vulnerabilidad y la dinámica familiar. En su ponencia, el DCR también subrayó la importancia de asignar recursos y establecer métricas de evaluación que permitan medir el impacto del programa en la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas.

La medida también contempla la expedición de órdenes de protección a favor de la víctima mientras dure el programa de desvío, así como la participación de la OPPEA en la formulación de guías. El proyecto senatorial busca atender una realidad en Puerto Rico, donde una parte de los casos de explotación financiera contra adultos mayores ocurre dentro del núcleo familiar.

Durante los trabajos de la vista pública, la discusión se centró en el análisis del proyecto y en una conversación dirigida a identificar posibles enmiendas a la medida, con el fin de atender las recomendaciones presentadas y continuar el proceso legislativo hacia la preparación del informe final de la Comisión. El senador Toledo López, les solicitó a los deponentes hasta la próxima sesión ordinaria, para presentar las guías estatutarias para beneficiarios del programa propuesto.