Las consecuencias conocidas de dar personalidad jurídica al no nacido 

La declaración de que un óvulo fecundado es “persona natural” en términos jurídicos tiene la consecuencia inevitable de que los derechos de las embarazadas quedan relegados a un segundo plano, por debajo de los de la gestación.

Consecuencias de este tipo de ley ya son conocidas en estados donde se ha implementado en Estados Unidos: vigilancia extrema y sospecha sobre las personas embarazadas, criminalización, justificación para negar servicios médicos esenciales e, incluso, obstáculos para quienes anhelan gestar con tratamientos de fertilización in vitro.

De firmarse por la gobernadora el Proyecto del Senado 504 —de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y que pretende enmendar el Código Civil para reconocer “al concebido” como persona natural—, Puerto Rico se acercaría a la lista de estados y territorios de Estados Unidos que, contra la recomendación médica y legal, le otorgan personalidad jurídica a un embrión en gestación. Esta exigencia podría hacerse aún en contra de la voluntad y de los riesgos que pueda implicar para la mujer o persona trans embarazada.

Una crisis médica que se trata como un acto criminal

Uno de los casos que las ejemplifican es la presentación, en Georgia en marzo, de un cargo de encubrimiento de la muerte de otra persona y un cargo de abandono de un cadáver a una mujer de 24 años, luego de haber sufrido un aborto espontáneo.

Los medios locales reportaron que la mujer fue hallada inconsciente y sangrando en un complejo de apartamentos en la ciudad de Tifton. Durante la respuesta de los servicios de emergencia, otra persona alegó que la mujer había colocado previamente el feto en una bolsa y la había depositado en un contenedor de basura en el exterior.

Su foto policial (mugshot) se viralizó en las redes sociales, mientras medios de comunicación reportaban como un acto criminal lo que realmente fue una crisis médica.

Los cargos no progresaron luego de que una autopsia confirmara que se trataba de un aborto espontáneo a las 19 semanas de gestación.

Justificación para negar o postergar servicios básicos de salud con consecuencias legales

En Ohio, otra mujer, Brittany Watts, fue acusada por un alegado “abuso de un cadáver” tras haber bajado la cadena del inodoro luego de haber tenido un aborto espontáneo, a las casi 22 semanas de gestación, en 2023.

La mujer rompió fuente prematuramente y su médico le indicó que el embarazo no era viable y que fuera al hospital para recibir atención porque existía un “riesgo significativo” para su salud y su vida. Cuando acudió al hospital, de afiliación religiosa, pensó que le inducirían el parto. En cambio, informó The Washington Post, médicos y funcionarios del hospital pasaron horas debatiendo la “ética” de brindarle atención. En un periodo de dos días, hizo dos visitas al hospital y esperó un total de 19 horas. Un médico escribió: “Mi recomendación, en lugar de esperar a que la madre esté al borde de la muerte antes de proceder con el tratamiento, es que dé a luz a este bebé”.

La abogada de la mujer, Traci Timko, afirmó en corte que el retraso en brindarle ayuda médica se debió al temor de los médicos y personal del hospital de si esto constituiría un aborto y si los médicos podrían legalmente hacerlo. Cansada de esperar por la decisión de los médicos, se fue a su casa, donde sufrió el aborto espontáneo en el inodoro. Cuando aún tenía un suero en su mano, tras una semana hospitalizada, un policía acudió a su habitación para interrogarla. Dos semanas más tarde, el mismo policía la arrestó.

Aunque luego un gran jurado determinó no presentar la acusación, se vio obligada a comparecer al tribunal como sospechosa de delito, tener representación legal y atestiguar cómo policías y peritos desmenuzaban en la sala judicial pormenores de su historial médico mientras manejaba el duelo por la pérdida de un embarazo anhelado.

La perjudicada presentó en enero de este año una demanda federal contra algunos de los profesionales médicos que la trataron acusándolos de causarles un daño al conspirar con un oficial de policía para fabricar el caso penal en su contra.

Cuando la muerte o la cárcel se convierten en una posibilidad real

En Estados Unidos, se estima que entre el 30% y el 40% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo, por lo que la posibilidad de que casos como estos ocurran en Puerto Rico, de aprobarse el PS 504 es real, estima la abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil, primera vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

“Se criminaliza y se pone en vigilancia toda la conducta de las mujeres y de las personas gestantes durante el periodo del embarazo. Es como si durante el embarazo, se pusieran en suspenso todos sus derechos y esto incluye no solamente la posibilidad de terminar presas por conductas durante su embarazo, sino de tener limitado acceso a servicios de salud que necesitan para salvar sus vidas”, evaluó Reyes Gil y mencionó, como ejemplo, tratamientos de quimioterapia a diagnosticadas con cáncer.

Para Mayra Díaz Torres, directora de la organización antirracista Colectivo Ilé y portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, si en la Isla se aplica una interpretación similar, el resultado podría ser que haya decenas de mujeres con complicaciones de salud por abortos espontáneos que no recibieron la atención requerida o encausadas por ser sospechosas de haber provocado un daño a “una persona”.

Díaz Torres, quien por experiencia propia conoce lo que es perder varios embarazos deseados, indicó que: “El embarazo de por sí representa unos retos bien grandes, específicamente aquí en Puerto Rico con el problema que hay ante la escasez y cierre de salas de parto; de la poca disponibilidad de ginecólogos obstetras. Una medida así lo que haría sería extra complicar ya el panorama que de por sí es sumamente complicado”.

La prolongación de un embarazo después de la muerte y del dolor de la familia

Uno de los casos más notorios en Estados Unidos fue el de Adriana Smith, una mujer negra de 30 años, madre de un niño de 7 y residente del estado de Georgia. Con ocho semanas de gestación, el 19 de febrero pasado fue declarada con muerte cerebral y conectada a máquinas de soporte vital sin el consentimiento de su familia. El objetivo de los médicos era que su embarazo progresara por meses hasta que fuera posible realizar una cesárea en el cuerpo ya sin vida de Smith, ya que entendían que no hacerlo era en contra de la legislación antiaborto de Georgia, según reportó la familia.

El estado tiene una ley, conocida como LIFE Act (Living Infants Fairness and Equality Act), que establece que la definición de persona natural “incluye a un niño no nacido” y le proporciona pleno reconocimiento jurídico.

La madre de Smith, April Newkirk, creó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para costear los gastos médicos que acarreó tal hospitalización.

“Nos entristece saber que no tuvimos voz ni voto en lo que respecta a su cuerpo sin vida ni a su hijo. Adriana tenía solo dos meses cuando se le asignó el soporte vital y no dieron otra opción que esperar meses para descubrir que su bebé sufriría una enfermedad que le provocaría discapacidades graves”, escribió la mujer en su petición de caridad.

Estableció como meta de recaudación $600,000. A la fecha de publicación de este reportaje, aunque se encuentra cerca de cumplirla, aún no llega.

La cesárea se realizó en junio y, desde entonces, el bebé permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Dicen que fue un nacimiento, pero realmente eso fue una extracción de un feto del cuerpo de una mujer muerta, a la que lloramos”, catalogó Díaz Torres.

Un caso de naturaleza similar se desarrolló entre 2013 y 2014 en el estado de Texas. Marlise Muñoz, una paramédica de 33 años, que había expresado a su familia que no deseaba ser conectada a máquinas de apoyo vital, fue declarada con muerte cerebral tras sufrir embolia pulmonar. Como tenía 14 semanas de embarazo, los médicos decidieron conectarla al interpretar que la ley del estado, que prohíbe retirar soporte vital a una mujer en gestación, implica tratar al feto como un paciente separado, aun contra los deseos en vida de la gestante.

“Es muy frustrante porque sabemos lo que nuestra hija quería y no vamos a cumplirlo debido a esta ley”, dijo la madre de Muñoz, Lynne Machado, al medio ABCNews.com en enero de 2014.

Poco después, la familia de Muñoz demandó al hospital para poder honrar los deseos de la mujer y un juez le concedió el reclamo.

Nuevas armas para el racismo sistémico

Tanto Smith como la mujer acusada en Ohio eran mujeres negras. Muñoz, parte de una familia latina.

Díaz Torres, también activista antirracista, señaló que sus casos son muestra de cómo las mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas son las que cargan con el mayor peso de la vigilancia y el castigo y con el impacto de la falta de acceso a servicios médicos.

Múltiples estudios en Estados Unidos documentaron cómo, desde la pandemia por COVID-19, las mujeres negras, indígenas y latinas presentan tasas mucho más altas de muertes maternas.

“Los indicadores materno infantiles para personas negras no son los que necesitamos y no son los que queremos. Una medida como esta implicaría recrudecer eso, hacerlo más difícil, hacer casi imposible que una mujer negra pueda parir y gestar en paz, sin ser violentada”, apuntó Díaz Torres.

Amenazas contra los tratamientos de reproducción asistida

Las legislaciones que declaran “persona” al embrión también han representado obstáculos para quienes desean gestar mediante tratamientos de fertilización in vitro.

La fertilización in vitro requiere la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del cuerpo humano, en un laboratorio, para luego ser implantado en el útero de la persona que desea gestar. Uno o varios embriones pueden ser transferidos cuando están listos, pero también pueden ser congelados por un tiempo indeterminado.

En Alabama, el Tribunal Supremo emitió un fallo el 16 de febrero del año pasado declarando que los embriones creados mediante fertilización in vitro (FIV) deben considerarse niños. Desde entonces, varias de las clínicas de FIV del estado suspendieron sus servicios.

El caso que culminó con esta decisión tiene su origen en 2020, cuando un paciente de un hospital en Alabama, donde ubica una clínica de fertilidad, entró a la unidad donde se conservan los embriones congelados, abrió una de las neveras y agarró varios. Estos embriones se almacenan a temperaturas bajo cero, por lo que cuando la persona hizo contacto con los embriones se quemó y los dejó caer al suelo.

Una de las parejas que habían pagado por la creación de estos embriones demandó al hospital y a la clínica por “muerte injusta de un menor”. Aunque un tribunal de primera instancia desestimó el caso, la pareja apeló en el Tribunal Supremo de Alabama, que determinó que la Ley de Muerte Injusta de un Menor aplica “a todos los niños no nacidos sin limitación”. Especificó que “eso incluye a los niños no nacidos que no se encuentran en el útero en el momento de su muerte”.

La pareja reclama una compensación por daños por lo que dicen es la muerte por negligencia de “sus hijos”.

“Son consecuencias absurdas de una propuesta absurda”, reflexionó Reyes Gil.

Por eso, de la otorgación de personalidad jurídica “desde el momento de la concepción, que es una cuestión bien abstracta y mítica”, a la prohibición oficial de tratamientos de fertilización in vitro hay un solo paso “porque interpretan que implica ‘desechar personas’ cuando de lo que estamos hablando es de óvulos fertilizados”, expuso la también catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Estrategia antiaborto de sectores fundamentalistas

El reconocimiento de personalidad al embrión o feto en gestación está directamente atado a la criminalización y a la violación del derecho a la salud de las gestantes. Es una movida de sectores conservadores, motivados por ideologías religiosas, para prohibir el aborto en cualquier circunstancia.

En los primeros dos años luego de la revocación de la decisión Roe v. Wade en el Tribunal Supremo de Estados Unidos (de junio de 2022 a junio de 2024), la organización Pregnancy Justice registró 412 casos de mujeres que fueron acusadas criminalmente por conductas relacionadas al embarazo, bajo leyes de abuso infantil, peligro al feto y otras. En total, se presentaron 441 cargos. En la gran mayoría de los casos, los fiscales acusaron a las personas embarazadas mediante estatutos que les permiten obtener condenas sin demostrar que la persona embarazada realmente causó daño al feto. En 378 de los 441 cargos presentados, no se exigió prueba del supuesto daño.

Aun desde antes de la decisión de Roe v. Wade, cientos de mujeres fueron acusadas con cargos similares, la mayoría en Oklahoma, Alabama y Carolina del Sur, estados que ya tenían decisiones de tribunales superiores que ampliaron las definiciones de “niño” que incluían fetos, óvulos fertilizados y embriones.

Principalmente, los cargos fueron por abuso infantil, negligencia o poner en riesgo a un menor de edad. La mayoría se presentaron contra mujeres de las que se alegó habían ingerido alguna sustancia, como opioides, metanfetaminas, marihuana, cannabis o THC; cocaína; benzodiacepinas, alcohol, heroína u otras drogas que requieren receta.

“La criminalización del embarazo suele llevarse a cabo con el pretexto de abordar el problema del embarazo y el consumo de sustancias. Los arrestos representan la transformación del movimiento por la personalidad fetal y la guerra contra las drogas para criminalizar a las personas embarazadas por actos y omisiones que, de otro modo, no se habrían tipificado como delito de no ser por su embarazo”, lee parte de la investigación de Pregnancy Justice.

Reyes Gil señaló que el proceso de criminalización contra la mujeres embarazadas o las personas embarazadas ha sido dirigido a un sector en particular: mujeres negras, mujeres inmigrantes y mujeres empobrecidas, que son las que por lo general también son acusadas de delito por consumo de drogas.

“Son resultados ridículos, pero que los hemos visto ya, no solamente en mujeres que son usuarias de drogas ilegales, sino que han habido casos incluso de mujeres que están usando algún medicamento que pone en peligro el feto y son acusadas de negligencia, o casos en los que mujeres bajo los efectos del alcohol van conduciendo y tienen algún accidente, también han sido acusadas de haber puesto en peligro el feto”, ejemplificó.

Sospecha y condena pública

De acuerdo con Díaz Torres, el objetivo es plantar de manera permanente, la vigilancia y la sospecha sobre las mujeres y personas que pueden gestar. Es una forma de controlar y encajonar a las mujeres a partir de estereotipos de género.

“¿Qué pasa si yo estoy limpiando mi casa y yo me caigo y tengo una pérdida de embarazo o le ocurre un daño sin querer a ese feto? Los accidentes suceden, pero cuando hay una legislación así, la zona se hace muy gris para que cualquier persona que tenga cualquier motivación pueda declarar que se puso en riesgo a propósito”, señaló.

“Cualquier persona puede ampararse en este proyecto de ley para juzgar el proceso en el que esa persona gestante lleva su proceso de embarazo. Cualquier persona puede decir que la mujer trabajó demasiado, que no descansó lo suficiente, que no se alimentó adecuadamente, o lo que se quiera inventar decir”, dijo.

Un disuasivo para el proceso de gestar

Pero, además, tiene un efecto contrario a la promoción de la natalidad, advirtió.

“El embarazo, en Puerto Rico, es increíblemente complicado. Añadir el asunto de la vigilancia cualquier acción o cualquier cosa que una deje de hacer, o cualquier cosa que una haga mientras esté embarazada, es una violencia de género y es otra manera en que esa violencia y esa desconfianza y esa criminalización a las maternidades, pues puede tomar formas inimaginadas”, dijo Díaz Torres.

“Este proyecto, de convertirse en ley, va a hacer que la gente no quiera parir, porque si parir va a implicar que cualquier persona puede criminalizar mis acciones en un proceso tan difícil y tan vulnerable como lo es gestar y parir. Eso es una contradicción frente a un Estado que lo que quiere es que se para y se aumente la natalidad”, agregó al señalar las consecuencias de la criminalización documentadas que han tenido medidas similares en estados y en otros países.

El PS 504 pretende “clarificar que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. Fue aprobado el 13 de noviembre por la Cámara de Representantes, sin vistas públicas en ninguno de los cuerpos legislativos, y fue enviado a la gobernadora Jenniffer González Colón el 20 noviembre. La mandataria tiene hasta el 20 de diciembre para firmar o vetar la medida.

Más de 300 médicos firmaron una carta dirigida a González Colón en la que detallan cómo la legislación propuesta trastoca la relación médico-paciente, así como el manejo médico, y le piden que vete la medida.

La misiva establece que la comunidad médica no fue consultada durante el proceso legislativo “sobre las graves implicaciones que este tipo de medidas tiene sobre la práctica de la medicina y no cuenta con base científica alguna que valide su necesidad”.

Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.