A Eduardo Torres Colón le faltaban solo unas semanas para ser liberado del complejo carcelario de Ponce cuando recibió atención médica por un dolor severo en la cadera izquierda.
Entre el 11 y el 13 de enero de 2021, los médicos en la institución lo atendieron en varias ocasiones y, aparte del dolor en la cadera, no registraron ninguna otra anormalidad en su récord. Pero el 15 de enero, Torres Colón llegó al área de emergencias de la cárcel en una silla de ruedas quejándose de dolor en el pecho y dificultad para respirar que venía sintiendo desde el día anterior, según una demanda presentada en diciembre de 2022 contra la empresa Physician Correctional, que está registrada corporativamente como Physician HMO Inc y contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para dar servicios de salud a la población penal.
Luego de que un electrocardiograma reflejara que Torres Colón sufría de taquicardia, un médico hizo las gestiones para trasladarlo al Hospital Damas, en Ponce. Allí, según la demanda, arrojó positivo a una prueba de micoplasma y el personal médico documentó que, estando en la prisión, desarrolló episodios de fatiga, fiebre y dolor de pecho severo que se sentía, como “tipo puñalada que se exacerbaba con la tos y empeoraba con la inspiración profunda de cinco días de evolución”, síntomas que no aparecieron en los récords médicos del complejo carcelario.
El 16 de enero, el personal del hospital dio aviso de paro cardiáco y uno de los doctores entubó al paciente. Horas después, a eso de las 6:05 p.m. de ese día, Torres Colón murió.
Según la demanda, presentada por la madre de Torres Colón y la pareja del fallecido en representación de la hija de ambos, los médicos del complejo carcelario alegadamente no evaluaron a Torres Colón adecuadamente. El médico de emergencia en la cárcel supuestamente no le realizó un examen físico al hombre en una visita y, en otra ocasión, una doctora registró en el expediente médico un examen físico idéntico a uno anterior.
Al igual que en el caso de Torres Colón, 59 demandas revisadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en su gran mayoría presentadas por derecho propio por confinados (sin representación legal de abogados), describen un programa de salud correccional, administrado por la compañía Physician Correctional, que les niega servicios médicos, medicamentos y atención de especialistas.
De las demandas revisadas, 54 fueron presentadas en tribunales de Puerto Rico, de las cuales 26 fueron archivadas o desestimadas. Gran parte de las desestimaciones se debió a que los confinados no agotaron los remedios administrativos antes de presentar el recurso legal.
Physician Correctional ha administrado los servicios de salud de las cárceles en Puerto Rico prácticamente sin supervisión desde que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) contrató a la empresa en 2018, encontró una investigación del CPI.
En septiembre de 2023, luego de que el DCR y Physician Correctional se encontraban bajo la lupa tras la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce, la agencia contrató por $450,000 a la compañía UTICORP para auditar el rendimiento del proveedor de servicios de salud correccional. Colón Ponce, quien era paciente de salud mental, murió en 2022 en la cárcel de mujeres de Bayamón. Según una investigación senatorial, Physician Correctional no contaba con el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de la mujer. Las autoridades catalogaron su muerte como un suicidio.
Antes de UTICORP la auditoría de los servicios de salud en Corrección los hizo la empresa Health Strategy Consulting presidida por Ramón Alejandro Pabón, comunicador novoprogresista que ahora es administrador de servicios hospitalarios, y quien en 2022 enfrentó imputaciones de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de haber creado una empresa para hacer trolleo político en las redes sociales mientras estuvo a cargo del área de comunicaciones en varias agencias públicas, entre estas la Administración de Seguros de Salud (ASES).
El DCR contrató a Health Strategy Consulting, de 2017 a 2022, por $416,000 para evaluar el cumplimiento del acuerdo entre la agencia y Correctional Health Services Corporation, el anterior proveedor de servicios de salud correccional, y Physician Correctional, según el registro de contratos en la Oficina del Contralor. UTICORP obtuvo un contrato de mayor cuantía, por menos tiempo, del 2023 al 2024.
Según la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, los contratos de Health Strategy Consulting y UTICORP tienen distintos fines. Escobar Pabón, sin embargo, no pudo precisar los servicios para los cuáles Health Strategy Consulting fue contratada. Según los contratos, la empresa se contrató para “evaluar el cumplimiento del contrato suscrito” entre el DCR y la compañía que provee los servicios médicos a la población correccional.
“UTICORP analiza directamente los expedientes para verificar el cumplimiento de los servicios de salud, organización de expedientes. Son más bien trámites administrativos los que verifica en términos del expediente médico. Pero la contratación de la compañía anterior no iba dirigida a eso, a ese proceso de auditoría como lo hace UTICORP”, dijo Escobar Pabón en una entrevista telefónica.
A principios de mayo, el CPI solicitó al DCR los informes de las auditorías hechas por Health Strategy Consulting y UTICORP. La directora de Prensa del DCR, Yvonne Guadalupe Negrón, dijo que los informes de UTICORP son parte de una investigación que realiza el Departamento de Justicia por lo que no podían dar acceso a los mismos.
Aunque el DCR no proveyó la auditoría de UTICORP, el CPI obtuvo mediante fuentes los documentos. Este medio contactó a la empresa para validar los mismos, pero no obtuvo respuesta. El DCR se negó a confirmar la veracidad de los documentos.
Desde hace varios meses, el DCR y Physician Correctional están en el ojo público nuevamente tras la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien, tras haber quedado en libertad en 2023 por alegadas razones de salud, asesinó a otra mujer.
Ávila Vázquez, quien había sido evaluado por médicos de Physician Correctional y diagnosticado con paraplejia, recibió un pase extendido por su alegada condición de salud bajo la Ley 25 de 1992, que concede libertad a confinados enfermos en etapa terminal.
La secretaria del DCR dijo en mayo en una vista pública ante la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que la auditoría de UTICORP reveló que “se pudieron constatar inconsistencias en la documentación médica, discrepancias en diagnósticos y ausencia de evidencia médica que confirme” los diagnósticos. Escobar Pabón añadió que uno de los señalamientos recurrentes en la auditoría de UTICORP giraba en torno a “la organización del expediente” médico del confinado.
Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Foto suministrada Senado de Puerto Rico (Suministrada)
En agosto, el gerente de investigaciones del DCR, Alexis Rodríguez Rivera, depuso ante la comisión senatorial y afirmó que Escobar Pabón ordenó la evaluación del contrato entre la agencia y Physician Correctional, aunque no pudo precisar si la Secretaria emitió una orden por escrito para estos fines.
Según una copia del informe de la investigación interna sobre la excarcelación de Ávila Vázquez obtenida por el CPI, el asesino declaró que un médico le garantizó la aprobación de su salida bajo la Ley 25 si desistía de más de una decena de demandas que presentó contra Physician Correctional. El DCR no ha hecho público el documento.
Rodríguez Rivera reveló que la investigación recomendó que Physician Correctional prescinda de los doctores que conformaron el panel médico que evaluó al feminicida, ya que encontró “incongruencias” en el proceder de los galenos. El informe sugiere, además, que el Departamento considere “reevaluar la continuidad del contrato” con la empresa. Pero el contrato se mantiene vigente.
Escobar Pabón dijo al CPI que, a raíz del caso de Ávila Vázquez, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales se encuentra en el proceso de identificar “cuáles son las cláusulas de ese contrato que nosotros tendríamos que enmendar, de ser necesario”.
Aunque la Secretaria ha dicho que, a raíz de la investigación sobre los servicios de Physician Correctional, las áreas que se deben corregir responden a “asuntos puramente administrativos”. Dijo que “hasta este momento nosotros no tenemos información que nos dirija a la cancelación” del contrato con Physician Correctional.
En entrevista con el CPI, Escobar Pabón dijo que, “si al final de todo esto se encuentran que ellos han fallado en esas cláusulas de contrato o en algunas cláusulas adicionales que no son estas relacionadas a este caso, pues claro que lo cancelo”.
El CPI se comunicó con Physician Correctional para solicitar una entrevista sobre el programa de salud correccional, pero la empresa declinó emitir declaraciones.
Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional. Foto suministrada
