PIP denuncia construcción ilegal en Salinas continúa pese a demanda municipal 

El municipio acudió al Tribunal de Primera Instancia de Guayama el 21 de abril de 2026 mediante una demanda al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”.

En la acción judicial, el municipio solicita un injunction estatutario contra Miguel Ángel Rivera Díaz, Aracelis Díaz Meléndez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, reclamando la paralización inmediata de la obra, la demolición de la construcción y la imposición de una multa de $14,300. Sin embargo, de acuerdo con información provista por residentes y observadores comunitarios, el pasado 21 de mayo, un mes después de radicada la demanda del municipio, el constructor transportó cerca de 500 bloques adicionales al lugar para continuar la construcción de la verja, mientras que la residencia objeto de controversia se encuentra prácticamente terminada, faltándole únicamente la instalación de puertas, ventanas y labores de pintura.

“Estamos ante una situación sumamente preocupante. Después de más de un año de querellas, inspecciones, órdenes de cese y desista ignoradas, múltiples visitas oficiales y una demanda formal, la construcción sigue avanzando. Al parecer en Salinas no hay ley ni orden. El Municipio, la Oficina de Permisos, y el Tribunal de Guayama, actúan de forma lenta para ejercer el poder de la ley y detener finalmente esta construcción ilegal”, expresó el legislador municipal del PIP en Salinas, Emilio Nieves Torres.

El legislador del PIP también señaló preocupación por la tardanza judicial registrada en el caso, pues el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 establece que el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar una vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

“No obstante, según información suministrada por el Municipio, hasta el 21 de mayo de 2026, un mes después de radicada la demanda, la vista aún no había sido señalada. La Ley también establece que el Tribunal deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. La información que nos ofrecen es que nada de eso se ha cumplido”, recalcó Nieves Torres.

Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental del PIP, sostuvo que la situación representa un “serio precedente para la gobernanza ambiental y el cumplimiento de las leyes de permisos”.

“Lo que observamos aquí es profundamente alarmante: una construcción que, según los propios documentos oficiales, desafió repetidamente órdenes de paralización y aun así continúa avanzando hasta su etapa casi final. Incluso, según estableció la Oficina Regional de Permisos en un informe del 27 de marzo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no avala la realización de construcciones en dicha zona, debido a la presencia de especies protegidas de flora y fauna. La comunidad lleva más de un año denunciando este asunto y no se ha visto intervención del DRNA”, expresó Alvarado Guzmán.

El líder ambiental añadió que “si las instituciones permiten que una obra sin permisos continúe construyéndose durante meses —e incluso después de acudir al tribunal— se envía un mensaje peligroso sobre la capacidad real del Estado para hacer valer sus propias leyes”.

Para los líderes del PIP, el retraso judicial añade una nueva dimensión a un caso marcado por la lentitud institucional frente a una construcción que, según el propio expediente gubernamental, avanzó durante más de un año sin permisos y en abierto incumplimiento de órdenes oficiales.

“Mientras los procesos se retrasan, la realidad sobre el terreno es que la construcción sigue adelantándose. La comunidad merece respuestas, cumplimiento de ley y acciones efectivas, no actuaciones tardías cuando la obra está prácticamente concluida”, concluyó Nieves Torres.