Federales desarticulan organización de narcotráfico que operaba en residenciales de San Juan

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El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el arresto de 37 miembros de una ganga de narcotráfico por conspirar para poseer y distribuir heroína, cocaína, marihuana, Percocet y Xanax. Esta ganga operaba desde el año pasado en el residencial público Jardines de Country Club y la barriada El Polvorín.

Un Gran Jurado federal emitió una acusación contra los 37 individuos el pasado 3 de agosto.

“Los integrantes de la organización se hacían llamar TD o TD Familia. Como parte de la conspiración, los acusados cambiaban la ubicación de los puntos de venta de drogas para evitar ser detectados por la Policía. En ocasiones colocaban candados a la puerta de acceso del edificio donde operaban el punto de drogas y solo los miembros de la ganga tenían las llaves de ese candado, ejerciendo control de entrada y salida del edificio”, describió Muldrow en conferencia de prensa.

“Por otro lado, miembros de la ganga sospecharon que algún residente estaba cooperando con policías, los desalojaban de sus apartamentos. Los acusados operaban un lugar donde los clientes podían consumir las sustancias controladas que compraban en los puntos de droga sin la preocupación de que la Policía los viera. El escondite es conocido como un “shooting”. Los coconspiradores actuaban en diferentes roles para promover los objetivos de su ganga para ser líderes, suplidores, gatilleros, corredores, vendedores, veladores y facilitadores. Utilizaban la violencia, la fuerza y la intimidación para mantener el control de las áreas que operaban”, añadió.

Sostuvo que 8 de los acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego para promover delitos de narcotráfico. Explicó que algunos de estos, modificaron armas de fuego para convertirlas en automáticas.

El fiscal federal hizo el anuncio junto a Christopher Robinson, agente especial a cargo, oficina local de ATF en Miami, Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública y el teniente coronel Pedro Sánchez Vega del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

De ser hallados culpables, enfrentan un mínimo de 10 años de prisión por cargos de narcotráfico y un mínimo de 15 años por violaciones a la ley de armas.