Comisión senatorial recomienda aprobar reforma judicial pese a objeciones del Poder Judicial 

El informe positivo, rendido el pasado viernes, concluye que la Asamblea Legislativa posee facultades constitucionales amplias para crear, suprimir y reorganizar tribunales, así como para determinar su competencia y organización, siempre que no se altere el principio de unidad jurisdiccional establecido por la Constitución.

La pieza legislativa propone, entre otras cosas, eliminar gradualmente la categoría de jueces municipales, crear el Patronato del Poder Judicial para allegar recursos destinados a proyectos de infraestructura y modernización, y redefinir la distribución de facultades administrativas entre el Tribunal Supremo y la figura del juez o jueza presidenta.

Precisamente, este último aspecto se convirtió en el principal punto de controversia durante las vistas públicas celebradas por la comisión presidida por el senador Ángel Toledo.

Según el informe, la medida parte de la premisa de que la Constitución establece una “doble delegación de poderes” dentro de la Rama Judicial. Bajo esa interpretación, corresponde al Tribunal Supremo, como cuerpo colegiado, adoptar las reglas para la administración de los tribunales, mientras que al juez o jueza presidenta le corresponde dirigir la ejecución de esas normas y administrar las operaciones diarias del sistema judicial.

La comisión acogió esa interpretación y sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene autoridad para revisar la estructura administrativa vigente y armonizarla con lo que considera fue la intención original de los constituyentes.

Sin embargo, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) se opuso a la medida. En su comparecencia ante la comisión, defendió el modelo actual de administración centralizada en la figura de la jueza presidenta y argumentó que el concepto de coadministración promovido por el proyecto carece de fundamento constitucional.

La OAT también advirtió que redistribuir facultades administrativas al pleno del Tribunal Supremo podría fragmentar la toma de decisiones, diluir la rendición de cuentas y afectar la eficiencia operacional de la Rama Judicial.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, expresó preocupaciones similares. La jueza sostuvo que un modelo de coadministración sería “impractiquísimo” y podría afectar la rapidez y flexibilidad necesarias para atender situaciones operacionales y emergencias dentro del sistema judicial.

No obstante, la propuesta también recibió respaldo durante el proceso legislativo.

La comisión destacó que el Departamento de Justicia favoreció la medida y defendió la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para reorganizar la estructura de los tribunales. Asimismo, diversos académicos y representantes de organizaciones jurídicas que participaron en las vistas coincidieron en que la Constitución reserva al Tribunal Supremo facultades administrativas que, a su juicio, no están plenamente reflejadas en la Ley de la Judicatura vigente.

La medida también provocó objeciones por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y otros sectores de la comunidad jurídica, que han expresado preocupación sobre posibles efectos en la independencia judicial y el balance institucional dentro de la Rama Judicial.

Además de los cambios administrativos, el proyecto dispone la eliminación gradual de la categoría de jueces municipales mediante la conversión progresiva de esas plazas en jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia. También crea un crédito contributivo de hasta $500,000 anuales para incentivar donativos a la Fundación del Patronato del Poder Judicial.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que la reforma tendría un impacto fiscal potencial de hasta $1.4 millones una vez se complete la conversión de todas las plazas de jueces municipales. Sin embargo, debido a que el proceso ocurriría de forma escalonada según venzan los nombramientos actuales, el costo anual proyectado fluctuaría entre aproximadamente $500,000 y $583,000 durante los próximos años fiscales.

Tras la rendición del informe positivo, el Proyecto del Senado 1096 fue remitido a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, paso previo a una eventual consideración por el pleno legislativo.

Aquí puedes ver una entrevista Punto por Punto con la jueza presidenta sobre el tema: