Cámara aprueba ley de transparencia para la AAA 

Se trata del Proyecto de la Cámara 1165, de la autoría del representante Eddie Charbonier Chinea, que crea la denominada “Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable de Puerto Rico”. La propuesta surge en momentos en que múltiples comunidades del país han denunciado problemas recurrentes con el suministro de agua y dificultades para obtener información precisa sobre las causas y duración de los eventos.

“La intención de esta medida es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados publique y que todo ciudadano, no tan solo los alcaldes y los directores de manejo de emergencia, sino todos los ciudadanos de Puerto Rico tengan acceso a lo que se conoce como la telemetría”, expresó Charbonier Chinea durante el debate legislativo.

Según explicó el legislador, la información incluiría no solo los niveles de los embalses, sino también los niveles de los tanques de distribución que abastecen comunidades alrededor de toda la isla.

Durante su intervención en el hemiciclo, Charbonier sostuvo que la medida responde a una falta de comunicación por parte de la corporación pública.

“¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque no hay transparencia y ante la falta de transparencia, y la falta de respeto entre las ramas de gobierno de forma consistente, ha sido necesaria la medida”, manifestó el representante al referirse a lo que catalogó como una crisis en el sistema.

De convertirse en ley, la AAA tendría que desarrollar y mantener en su portal digital un sistema de acceso gratuito para el público con un mapa actualizado de las zonas afectadas por interrupciones del servicio. La plataforma deberá indicar la causa de la avería, la cantidad estimada de abonados impactados, el tiempo proyectado para restablecer el suministro y el estatus de las reparaciones.

Además, la corporación estaría obligada a publicar esa información en un término no mayor de 60 minutos desde que tenga conocimiento de una interrupción.

La legislación también dispone que los trabajos programados que puedan afectar el servicio de agua deberán notificarse con al menos 48 horas de anticipación. Los avisos tendrían que incluir las áreas impactadas, la duración estimada de la interrupción y las medidas de mitigación disponibles para los residentes afectados.

Otra de las disposiciones obliga a la AAA a divulgar trimestralmente métricas de desempeño operacional.

La medida fue enmendada en sala a petición del representante independentista Denis Márquez Lebrón para facultar a la Junta de Gobierno de la AAA a imponer sanciones por incumplimiento y para exigir que la información pública incluya datos sobre el porcentaje de agua potable que se pierde por tuberías rotas y otras fallas estructurales.

“Acabo de leer la primera lectura de estipulación del caso del Municipio de San Juan. Ojalá se replique esa estipulación en todo el país, y que las responsabilidades que asume para San Juan la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados las asuman sin la obligación que se la imponga un tribunal”, expresó Márquez Lebrón.

El proyecto establece además que el incumplimiento reiterado de sus disposiciones constituirá negligencia administrativa grave y podría conllevar multas, así como referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.

La Oficina del Procurador del Ciudadano tendría la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley, realizar auditorías administrativas y emitir informes públicos sobre el desempeño de la corporación.

De recibir la firma de la gobernadora, la AAA dispondría de 90 días para adoptar la reglamentación necesaria e implementar el nuevo sistema de información pública.