Junta cuestiona plan fiscal de la UPR y advierte que no demuestra sostenibilidad financiera 

En una carta enviada el 23 de mayo a la gobernadora Jenniffer González Colón, la JSF sostuvo que el plan fiscal revisado presentado para los años fiscales 2022 al 2027 “parece balanceado en forma”, pero no demuestra un balance estructural real dentro del marco del plan fiscal certificado en 2021.

La determinación surge apenas días después de que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, anunciara públicamente que la universidad había sometido un plan fiscal sin aumentos en matrícula ni cambios al sistema de retiro, en medio de crecientes tensiones internas por la situación fiscal y administrativa del sistema universitario.

La propuesta presentada por la UPR planteaba extender las proyecciones fiscales hasta 2027 apoyándose en diversificación de ingresos, subvenciones, fondos federales, asignaciones legislativas y propuestas de investigación estimadas en $258 millones. Además, mantenía la asignación anual de $500 millones contemplada bajo la Ley 53 de 2021. Según Jordán Conde, el objetivo era evitar nuevas cargas económicas para estudiantes y pensionados. De hecho, en el presupuesto sometido por La Fortaleza ante la Legislatura se mantienen en los $500 millones, una reducción presupuestaria versus el año fiscal presente.

Por su parte, la Junta cuestionó directamente la estructura financiera de la propuesta.

Según la carta, la UPR incorporó fondos post-certificación y recursos no recurrentes como si fueran permanentes, proyectó ingresos federales por encima de niveles históricos y no ajustó adecuadamente las proyecciones de gastos a las realidades operacionales actuales.

FOMB - Letter - Governor - UPR - Revised 2021 Fiscal Plan - Notice of Violation - May 23 2026 by Metro Puerto Rico

Además, la JSF sostuvo que el plan carece de documentación suficiente para validar sus proyecciones.

“La función de certificación de la Junta depende de la capacidad de evaluar supuestos contra datos y análisis verificables”, indicó el organismo fiscal, añadiendo que la ausencia de documentación “debe interpretarse como ausencia de apoyo”.

La Junta ordenó al gobierno someter una versión revisada del plan fiscal no más tarde del 27 de mayo, con la expectativa de certificarlo antes del 29 de mayo para continuar el proceso presupuestario del año fiscal 2027.

Tensión universitaria

El debate sobre el presupuesto universitario ocurre en un contexto de alta tensión dentro de la UPR.

Durante los pasados meses, múltiples recintos enfrentaron paros y protestas estudiantiles relacionados con recortes presupuestarios, aumentos en costos y medidas de ajuste fiscal impulsadas bajo PROMESA.

Además, los senados académicos de todos recintos solicitaron la renuncia de Jordán Conde en medio de controversias administrativas y cuestionamientos sobre el manejo institucional de la universidad.

La propia JSF reconoció en su carta problemas de gobernanza y estabilidad administrativa dentro del sistema universitario.

El ente federal destacó que la UPR ha tenido tres presidentes en menos de dos años y cinco directores distintos en la Oficina de Desarrollo, Innovación y Transformación en aproximadamente 16 meses, situación que —según sostuvo— ha afectado la capacidad de ejecutar reformas y cumplir metas del plan fiscal.

La Junta también afirmó que el plan fiscal certificado en 2021 ya no responde plenamente a la realidad actual de la institución debido a la reducción sostenida en matrícula, el deterioro demográfico y reformas de pensiones que permanecen parcialmente implementadas.

Nuevo plan fiscal a largo plazo

Más allá de las correcciones inmediatas, la JSF adelantó que espera desarrollar un nuevo plan fiscal integral para la UPR con miras al presupuesto del año fiscal 2028.

Entre las áreas que el organismo considera prioritarias figuran:

• revisar el modelo de matrícula y asequibilidad;
• reconciliar la reforma del sistema de retiro;
• diversificar ingresos recurrentes;
• y evaluar la sostenibilidad del sistema de 11 recintos.

La Junta también advirtió que la UPR “no es una isla fiscal”, al señalar que sus finanzas dependen directamente de la situación económica general del gobierno de Puerto Rico, incluyendo riesgos como el “Medicaid cliff” y la eventual reducción de fondos federales de reconstrucción.